Esta semana el Gobierno sacaba un nuevo paquete de medidas para paliar los efectos económicos que está provocando en nuestro país el COVID-19, en un intento de mitigar uno de los gastos al que prácticamente todos los autónomos y pymes se ven sujetos: el pago del arrendamiento.

La materia laboral ha sido una de las que más se han visto afectadas por el ejecutivo para atajar la crisis del COVID-19, con múltiples modificaciones como la flexibilización de los ERTE, la prohibición de despidos y la aplicación del permiso retribuido recuperable.